LA VERDAD SOBRE LA HUELGA UNIVERSITARIA
1. ¿Por qué estamos en huelga las dos universidades canarias?
Las Asambleas de Profesores de las Universidades
de La Laguna y Las Palmas deseamos comunicar a la sociedad canaria
en relación
a la huelga docente que mantenemos desde el inicio del presente curso
académico lo siguiente:
-NO estamos en huelga por dinero
-NO pedimos un aumento de sueldo
-Solamente reclamamos un derecho laboral que nos asiste, la homologación
salarial,
derecho que sí disfrutan otros funcionarios de la Comunidad
Autónoma desde hace más de una década
En 1991 el Gobierno de Canarias homologó a los funcionarios
docentes de la Comunidad Autónoma. Pero los funcionarios universitarios
quedaron excluidos de ese derecho y en 1998 se les intenta compensar
con una vía falsa, la de los complementos retributivos, que
la mayoría de profesores solicitó. Tanto el excesivo
papeleo que se solicitaba como los criterios para la obtención
de los complementos eran absurdos, basados en los mismos conceptos
por los que a los profesores ya nos pagan: docencia, tutorías
a los alumnos e investigación. Todo ello se agravó definitivamente
con el nuevo Protocolo de complementos de 2002.
El nuevo Protocolo de complementos de 2002, aprobado en mayo de 2004,
que ha sido rechazado de pleno por la inmensa mayoría del profesorado,
aunque fuera contradictoriamente aprobado por las Juntas de Personal
Docente e Investigador de ambas universidades, aumenta el sentido disparatado
de ciertos criterios. Otra vez, durante el pasado septiembre, la maquinaria
burocrática universitaria ha desperdiciado varios días
de trabajo generando un papeleo irracional para unos complementos injustos
y acientíficos. Para mayor alevosía la convocatoria sale
en agosto, recordando viejos y terribles tiempos.
Exigimos el derecho a la huelga, porque nosotros también somos
trabajadores, con problemas como en cualquier empresa y con el derecho
a reclamar su solución. Entre todos los trabajadores públicos,
el profesorado universitario es con diferencia el más evaluado
en su actividad profesional. Pero, dada nuestra responsabilidad social
con la calidad de los servicios públicos, no nos negamos a seguir
siendo evaluados. Por ello aceptamos la existencia de unos complementos
de excelencia, mediante procedimientos científicos suficientemente
contrastados, pero rechazamos el nefasto modelo actual pensado para
entretener y dirigir políticamente nuestra actividad, como pretende
la Consejería. Y como cobramos del mismo dinero público
tanto profesores como políticos, nos preguntamos: ¿Por
qué los políticos, que también son trabajadores
públicos, no son sometidos igualmente a evaluación de
su profesionalidad y rendimiento? ¿Cuándo van a demostrar
que les deben importar las dos universidades canarias y estimularán
su desarrollo en vez de mantenerlas continuamente bajo sospecha en
una actitud de recelo que resulta insoportable y denigrante?
2. ¿Qué es lo que estamos
exigiendo al Gobierno de Canarias?
Exigimos una homologación de carácter universal
(una misma cantidad para todo el profesorado) y consolidable (fijada
en la nómina durante todo el tiempo de vida laboral). La cantidad
de referencia es 6000 euros anuales, porque así fue calculado
en relación comparativa con el funcionariado de la Comunidad
Autónoma en 1998, y porque es la cantidad que percibe el profesorado
por los cuatro complementos en vigor. Es falso que queramos ganar más
dinero. Simplemente se trata de mantener lo que la mayoría de
profesores ya cobramos, mucho menos de los 7900 euros que “generosamente” vocean
el Consejero y el Director General a través de los medios.
Exigimos que los responsables políticos nos reciban, que hablen
y negocien con los comités de huelga. Desde hace un año
hemos intentado varias veces abrir una vía de diálogo
con el Consejero de Educación y el Director General de Universidades,
pero la respuesta siempre ha sido desprecio, arrogancia y prepotencia.
Debe recordarse una obviedad, y es que la huelga la pueden convocar
y desconvocar exclusivamente las Asambleas de Profesores, únicos
interlocutores adecuados para resolver el conflicto, pese a que el
Gobierno reitera su estrechez mental negándonos cualquier representatividad.
Los responsables de la Consejería de Educación alegan
que han negociado con los representantes legítimos, rectores
y sindicatos. Pero esto no es cierto, porque Intersindical y UGT abandonaron
la mesa de negociación y los rectores ya han defendido con claridad
la vía de la homologación universitaria. La legitimidad
está en las Asambleas de Profesores y sus Comités de
Huelga, legalmente constituidos, no en los dos Sindicatos restantes
(CCOO y CSIF) que negociaron y firmaron acuerdos sin consultar al profesorado.
Las Asambleas están avaladas por las firmas de una mayoría
de profesores más el apoyo de otros que también siguen
la huelga. Todavía nos sorprende que una organización
de la trayectoria de CCOO pueda haberse manchado de tal manera en este
conflicto. Y por todo ello creemos que lo mejor es la autodisolución
de la Junta de personal docente e investigadora y que se abra un nuevo
proceso electoral en las dos universidades. Pero también exigimos
que se acaben el ninguneo de Ruano, las misteriosas desapariciones
de Adán Martín, la petulancia del Director General de
Universidades, la ineficacia política…
Que se prorroguen los complementos actuales y se abra una mesa de negociación
hacia la homologación de los universitarios fueron los dos acuerdos
del claustro universitario de La Laguna, asumidos igualmente por la
Asamblea de Las Palmas. Y esto quiere decir que la opinión unánime
de los profesores universitarios es la de exigir el derecho a la homologación
y que se resuelva para siempre la espinosa cuestión de lo que
es o no consolidable. En este sentido resultó patético
y ridículo el esfuerzo de Paulino Rivero en las Cortes Generales
intentando pasar la pelota de la responsabilidad al Gobierno Central,
más cuando él, su señora y otros tantos docentes
en excedencia, políticos o funcionarios, están homologados
desde el año 91. Y fueron homologados por el Gobierno de Canarias,
no por Madrid. Es una desfachatez y una inmoralidad negar a otros lo
que él mismo disfruta desde hace trece años. Igual de
inmoral es el arraigado método político de la mentira,
como la realizada por el Director General de Universidades. De hecho,
cuando ya conocía el fracaso de Rivero en su pregunta a las
Cortes, seguía sosteniendo que la competencia de la homologación
era de Madrid.
En definitiva, exigimos al Gobierno de Canarias que asuma sus responsabilidades
y resuelva de una vez el problema tras trece años de agravio,
pues la solución es meramente política. Desde que se
prorroguen los complementos de 1998 y se abra una mesa de negociación
los profesores terminaremos la huelga y volveremos a las aulas.
3. Por la dignificación del
profesorado universitario
Queremos salir al paso de las intoxicaciones
perversas, los insultos, las faltas de respeto y los desprecios expresados
a este
colectivo tanto por políticos como por sus extensiones mediáticas.
Nos han llamado de todo, desde antidemocráticos e intolerantes
(por practicar el derecho de la protesta pública), bolcheviques
y practicantes de la dictadura del proletariado (aún seguimos
asombrados de la ignorancia del afirmante) o terroristas docentes (con
la carga negativa y traumática que este término adquiere
en las sociedades actuales). ¿Qué hacen políticos
y periodistas insultando e intentando desprestigiar a los profesores
universitarios canarios que constituyen uno de los recursos esenciales
de la educación y el saber en las Islas, por otro lado afectadas
por una nefasta política educativa regional que parece no preocuparles?
Ya está bien de seguir voceando el estereotipo universitario,
pesada carga del franquismo, que nos muestra ante la sociedad como
señoritos y señoritas privilegiados, vagos y absentistas.
En esta situación han salido a la superficie los recelos, las
envidias y los traumas históricos que algunos mantienen con
la institución universitaria. A esto hay que añadir la
desconfianza neoliberal de estos tiempos, promovida por políticos
de escasa o nula profesionalidad que se creen dueños y señores
de los fondos públicos e incluso árbitros exclusivos
de las grandes decisiones. El rendimiento docente, intelectual y científico
de los universitarios canarios es de un nivel alto como demuestran
los datos de las evaluaciones y sus contrastadas aportaciones en la
investigación.
El profesorado de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de
Las Palmas lamenta profundamente las consecuencias del paro docente
para el alumnado y para la sociedad canaria. Y quiere dejar bien claro
que la responsabilidad fundamental de esta situación es de la
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, a cuyos
dirigentes parece no importarles el efecto que tiene la huelga en más
de cuarenta mil alumnos de las dos universidades canarias. Todo lo
que le sobra al Sr. Ruano de cinismo, arrogancia y talante antidemocrático,
le falta de responsabilidad política para hacer frente a sus
obligaciones con el profesorado universitario. Reafirmamos nuestra
profesionalidad, seriedad y responsabilidad, y exigimos respeto absoluto
a nuestra dignidad personal y profesional. Exigimos que se deje de
satanizar y mantener en constante sospecha a las universidades canarias.
Octubre 2004
Asambleas del Profesorado ULL y ULPGC
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