El conflicto que desde hace meses se vive en la Universidades canarias, ha puesto de manifiesto la existencia de al menos dos categorías de problemas de gobernación que, por su contenido, deberían preocupar a quienes piensan que viven en una democracia susceptible de ser perfeccionada. Son problemas que de un modo u otro, en algún momento lamentablemente podrían afectar de forma importante, y en distintos ámbitos, a cualquier ciudadano.
Como ejemplo de los de la primera categoría, que podemos considerar menor pese a su importancia, nos encontramos con la actitud ante el conflicto del Señor Ruano, Consejero de Educación del Gobierno de Canarias. Este señor, con su tozuda negativa a dialogar, se permitió mantener paralizada la vida académica durante un mes, confiando en que el profesorado sucumbiría y retornaría a sus clases con la cabeza agachada. Pasado ese tiempo, y convencido de que su estrategia no funcionaba, no tuvo más remedio que proponer una mesa de diálogo y los profesores, que no somos unos intransigentes, aceptamos su propuesta pese a que suponía nuestra ausencia de la misma.
Si el diálogo que ha venido manteniéndose era posible ¿por qué no puso los medios para llevarlo a cabo desde el primer día?, ¿por qué ahora es posible hablar incluso de consolidar cifras económicas, aunque éstas se encuentren a años luz de lo que en justicia nos corresponde?, ¿por qué la educación de 40000 alumnos no vale nada comparada con su orgullo?. Por algo que todos los docentes de Canarias conocen, por despotismo (R.A.E. despotismo.- abuso de superioridad, poder o fuerza en el trato con las demás personas).
Pero con ser esto importante, existe una segunda categoría de problemas, a los que podemos definir con rotundidad como graves. Dos ejemplos los ilustran. El primero es la actitud de dos sindicatos, CCOO y CSIF, ante el conflicto. Resulta paradójico que, cuando de una plantilla de unos 1700 trabajadores, unos 1300 están en huelga, los representantes de esos sindicatos no hayan pisado las asambleas NUNCA, es decir, al igual que el Sr Ruano no reconocen a la Asamblea de los trabajadores y se alinean con la Consejería defendiendo sus posiciones. No hay más que remitirse a sus declaraciones en la prensa para comprobarlo.
Esta actitud, junto con la negativa a adelantar las elecciones sindicales utilizando para bloquearla el voto de calidad del Presidente de la JPDI, no dejó otra alternativa al profesorado que poner en marcha el proceso de su revocación, cosa que logramos el 13 de diciembre dando una lección de democracia. Ante esto, ¿cuál fue su respuesta?, no admitir el resultado y denunciarlo ante los tribunales. Están en su derecho. Ahora bien, sépase que unos representantes sindicales elegidos por no más de 250 votos, no toman en consideración 858 pidiéndoles que se vayan ¡por unos supuestos defectos de forma!
Pero el disparate no termina ahí. El CSIF ¿y también CCOO? va a querellarse contra la Asamblea y llamar a declarar ante el juez a TODO el profesorado. ¡Los sindicatos llevando a los trabajadores al juzgado!. Estas organizaciones han dejado de ser sindicatos y se han convertido en Corporaciones que solo se representan a sí mismas. Estamos ente el fin de los sindicatos como organizaciones de trabajadores y por tanto dando un paso atrás en democracia.
El segundo ejemplo, más grave aún, lo protagoniza una vez más, como no, el Sr Ruano. Este señor, cuando el Rector de la ULL le hace entrega del documento oficial de la SEMAC, comunicando la validez de la revocación, en lugar de acatar la ley, o por el contrario iniciar un proceso ante los tribunales, al igual que sus sindicatos, opta por suspender las negociaciones hasta que sus asesores jurídicos, que no los jueces, le aclaren la situación.
Vamos a ver, la ley obliga a los ciudadanos ante una situación de conflicto, en este caso ante un proceso revocatorio, a acudir a un organismo de la propia administración, en este caso el SEMAC. Cumplido este trámite por los trabajadores, ese organismo dictamina y declara válido el proceso, ante esto, el Sr. Ruano acude a sus asesores jurídicos, ¿y por qué no hace una consulta al SEMAC, el órgano ante el que tenemos que acudir obligatoriamente los ciudadanos?. De un solo golpe tenemos dos problemas, a uno de ellos se le denomina tutela de libertad sindical y significa que la empresa, en este caso la Consejería, protege a los sindicatos que le son afines, y esto es gravísimo. Por otro lado, si la actitud del Sr Ruano fuera moneda corriente y se diera en cualquier ámbito de la Administración, los ciudadanos estarían indefensos ante ésta y sometidos a la arbitrariedad del político de turno. Es decir, se acaba el estado de derecho. Por ello Sr Ruano, si no corrige usted el rumbo nos encontrará de nuevo en huelga, pero esta vez además en defensa de la democracia.

Ricardo Pérez Galdona
Profesor de la ULL