Vicente Hernández Pedrero
(Artículo en “Ya Está Bien”, de la Asamblea por Tenerife)

El pasado 13 de diciembre se ha producido uno de esos acontecimientos democráticos que por ser tan infrecuentes (tal como ocurrió por otro lado con la Manifestación “Ya está bien” del 27 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife) dejan con la boca abierta de satisfacción a cualquier ciudadano demócrata y progresista. Ese día, el 13-D, cuando las Juntas de Personal Docente e Investigador (JPDI) de las Universidades de La Laguna (ULL) y de Las Palmas de G.C. (ULPGC) se encontraban aún a mitad de su mandato, sus cúpulas dirigentes compuestas por unos falsos representantes sindicales, que tenían secuestrada con unos pocos votos la voluntad democrática del profesorado universitario, han sido destituidas por una abrumadora mayoría de votos en un acto democrático sin precedentes. En el caso de la Universidad de La Laguna, y convocada por la Asamblea del Profesorado, 858 votos afirmativos, frente a 26 noes y 10 en blanco, han supuesto legalmente la revocación de la JPDI, y con ella de su mayoría dirigente, (aunque ya mayoría exigua porque sobre un total de 21 miembros 11 lo eran de CCOO y CSIF, pero 10 pertenecían a IC y UGT y formaban parte de la Asamblea del Profesorado).
Lo cierto es que nunca antes en la historia de la Universidad de La Laguna tantos profesores se habían unido en torno a un objetivo común: dar una lección de democracia a unos falsos representantes, revocándolos y convocando nuevas elecciones sindicales. Lo mismo puede decirse de la revocación de la JPDI de la Universidad de Las Palmas. Se trata en ambos casos de un acto democrático sin precedentes en las universidades españolas, y muy difícil de encontrar en el ámbito laboral de nuestro país. ¿Cómo se explica algo tan insólito? La explicación de lo sucedido es compleja en su origen y desarrollo, pero simple en el fondo. Veamos. El origen está en el hecho de la homologación del colectivo docente no universitario que lleva a cabo el Gobierno Autónomo en el año 1991, originando con ello un agravio comparativo con el profesorado universitario de las islas, el cual se vio excluido por razones presupuestarias de aquel acuerdo, (dicho aquí oportunamente: entre los docentes, los universitarios somos quienes por razones obvias menor capacidad de incidencia social tenemos con nuestras movilizaciones).
Los hechos prosiguen en el año 1998, cuando tras una movilización del profesorado a favor de la homologación para resolver aquel agravio comparativo con el resto de los docentes canarios, se llega a un acuerdo con la Consejería para alcanzar la homologación por la vía de unos complementos retributivos individuales basados en méritos docentes e investigadores, de alcance universal (para todo el profesorado) y cifrados en la cantidad global de 1 millón de pesetas anuales (6.000 €).
Los hechos últimos arrancan del 2002, año en que la Consejería de forma unilateral decide imponer el fin del acuerdo de 1998, que por otra parte venía incumpliendo sistemáticamente, y se apoya para ello en las cúpulas sindicales de las JPDI, recién elegidas en aquel entonces por unos pocos votos, no más de 300 sobre un total de 1.800 profesores, en la ULL, y 200 sobre 1.500 en la ULPGC. A partir de ese momento, los dirigentes de las JPDI utilizan la legalidad formal de su elección para “tramar” de espaldas al profesorado y de acuerdo con la Consejería toda una traición a los intereses legítimos del profesorado en la forma de un nuevo protocolo de complementos retributivos discriminatorios, indignos y humillantes, cuya aplicación supone el abandono definitivo del derecho de homologación del profesorado universitario de Canarias.
El resto de la historia más reciente es bien conocida. El profesorado de las universidades canarias se moviliza contra esa traición a sus intereses desde finales del curso pasado y, sobre todo, del comienzo de éste, llevando a cabo una huelga que ha marcado un hito en la universidad por su carácter masivo y unitario, así como por el apoyo de amplios sectores del alumnado y la opinión pública. La movilización culmina con la presente revocación de las JPDI y la convocatoria de nuevas elecciones sindicales en la universidad.
Sin embargo, en el fondo de toda esta historia hay algo más, algo mucho más político que tiene que ver con la relación entre la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y la comunidad universitaria de las islas. Se trata del chantaje y control permanente al que viene sometiendo la Consejería a las universidades canarias desde la posición de ventaja de que es ella, la Consejería, la que dispone del dinero para la financiación de las universidades por medio de los Contrato-Programas. La política del Gobierno de la Comunidad Autónoma, ligada a los negocios en grandes obras e infraestructuras, y que recela profundamente de la universidad, cuando no la desprecia abiertamente, ha supuesto en estos años el agotamiento de la autonomía de las universidades públicas de Canarias. Quien maneja el dinero, el Gobierno Autónomo y la Consejería, puede chantajear a los diferentes equipos de gobierno universitarios diciendo o se hace “esto” o “aquello” o no hay dinero. Y “esto” o “aquello” en el caso del profesorado no ha sido otra cosa más que unas evaluaciones humillantes, demagógicas y grotescas del profesorado universitario, con distinta suerte de motivaciones, económicas, propagandísticas, de resentimiento político, etcétera, pero ninguna verdaderamente científica y académica. Para esa operación de control del profesorado, la Consejería ha contado en los últimos años con la colaboración necesaria y entusiasta de algunos profesores ávidos de protagonismo político y poder social que han venido aceptando el papel de “capataces” de la Consejería frente al profesorado. Este ha sido el caso de los tristemente famosos Directores Generales de Universidad del Gobierno de Canarias, algunos de los cuales son en la actualidad conocidos políticos en activo, pero conocidos como activamente reaccionarios, amén de cínicos y resabidos.
Pues bien, la cúpula sindical CCOO-CSIF de la JPDI de la Universidad de La Laguna ha venido formando parte “entrañable” de este entramado político que componen la Consejería-Directores y ex–Directores Generales de Universidad, al que ahora habría que añadir la recién creada ACECAU o Agencia Canaria de Evaluación del profesorado universitario, que por cierto nos puede servir de ejemplo de cómo las universidades canarias han perdido todo poder autónomo frente a la Consejería, pues en el Consejo Rector de la mencionada Agencia, sobre una decena de votos de cargos del entorno de la Consejería (Director General, Vocales, Director de la Agencia, Presidentes de los Consejos Sociales, Presidentes de las JPDI) las dos universidades canarias como tales, es decir, la representación de toda la comunidad universitaria de las islas ¡sólo disponen de 2 votos! Increíble pero cierto.
Este es el panorama que va a empezar a cambiar en las universidades canarias después de la revocación democrática de las JPDI, y la convocatoria de nuevas elecciones sindicales que den lugar a unas JPDI renovadas y legítimas, que atiendan a los derechos del profesorado y a su dignidad académica frente a los atropellos de la Consejería. A partir de ahora, todo puede ser más democrático en las universidades canarias. Con unos equipos de gobierno progresistas no hipotecados por unas JPDI al servicio de la Consejería. Unas universidades como lugar para el conocimiento y el sentido crítico, comprometidas socialmente, donde la vida académica siga unas pautas de progreso científico y humanista. Cuando todo hacía presagiar lo peor para nuestras universidades, llegó la Asamblea del Profesorado y mandó parar.

Vicente Hernández Pedrero. Portavoz de la Asamblea del Profesorado de la ULL