El viernes día 7 de noviembre tuvo lugar la reunión de la Asamblea de Profesores de la ULL por la Homologación Salarial con el Rector y la Vice-rectora de Profesorado y Ordenación Académica, al doble objeto de presentar formalmente nuestra asociación y de recabar información sobre las actuaciones del equipo rectoral sobre su compromiso electoral en materia de homologación. Por nuestra parte asistieron siete profesores.
En la hora aproximada que duró el encuentro tuvimos oportunidad de conocer las previsiones del equipo rectoral y de analizar con cierto detalle varios ángulos de la situación. Los argumentos fundamentales debatidos fueron los siguientes.

1. El equipo de gobierno intenta apuntar una salida jurídica
Tras una breve presentación de los antecedentes, la formalización jurídica y los propósitos de la Asociación, el Rector reitera su compromiso con la homologación salarial, señalando los tres frentes en los que viene trabajando al respecto:
1º) Exigencia a la Consejería de integrar a la Universidad como tal en las negociaciones en curso sobre el nuevo protocolo de complementos retributivos, puesto que le parece erróneo hablar sólo con los sindicatos de un asunto cuya relevancia académica e institucional excede la mera esfera laboral.
2º) Negociación con la Consejería de Educación para resolver el déficit de tesorería para la convocatoria masiva de complementos de 2002.
3º) Solicitud de un informe jurídico al staff administrativo de la casa para poder negociar posibles soluciones con la Consejería de Educación en el asunto de la homologación. Antes de fin de año se espera contar con ese informe.
Sobre este último punto se citan los casos del País Vasco y Castilla la Mancha como precedentes relevantes, sin olvidar que la LOU abre un nuevo escenario que hace innecesario un acuerdo tan adulterado y frustrante como el de los primeros complementos en el marco de la LRU.
A lo largo de la discusión exponemos nuestra posición de que, en todo caso, el problema de fondo no es jurídico sino político, ya que el propósito es la homologación y para ello el derecho no es más que un instrumento: a quien corresponde buscar salida es a la propia Consejería.

2. Los chinchosos complementos: premura, incompatibilidad y balones fuera
Parece imposible hablar de homologación del profesorado sin que salga a relucir su antítesis: los complementos retributivos. Lo que resultó fruto de una mera coincidencia histórica y que dio lugar a una solución temporal, transitoria y más o menos asumible, pretende elevarse ahora a categoría absoluta por parte de la Dirección General de Universidades y de algunos cuadros sindicales que negocian -apresuradamente y en la oscuridad- un asunto de relevancia estratégica no sólo para el conjunto de la institución, sino para la política universitaria canaria.
Si admitimos –con el propio Director General de Universidades- que uno de los principales retos de esa política es la convergencia europea, es absolutamente pueril pensar que los posibles acuerdos de esa mesa de negociación sobre la aritmética de méritos individuales puedan desplazar el debate de fondo: la excelencia académica de la Universidad de La Laguna.
Por otro lado, mientras no se entienda la diferencia radical entre un derecho laboral colectivo –reconocido hace más de una década por la Consejería de Educación para los docentes no universitarios sin requerir ningún tipo de evaluación- y un derecho individual de promoción profesional, seguiremos enredados en falsas soluciones a los asuntos de fondo, a saber:
1º) Solucionar el agravio comparativo creado por la propia Administración cuando homologó sólo a una parte del profesorado canario.
2º) Establecer una política de reconocimiento de la excelencia académica que se base en criterios sustantivos de calidad docente e investigadora. Pensar que el modelo cuantofrénico al uso en ciencias experimentales y en áreas tecnológicas es la panacea, resultará en algo más grave que un importante perjuicio a las personas que trabajan en las áreas de ciencias sociales y humanidades. Por no citar la debilidad teórica y metodológica con la que pretende certificarse la bondad docente.
3º) Plantear de forma algo más cabal el debate sobre el espacio europeo de educación superior, situando mínimamente aspectos tan relevantes como los siguientes:
a) La legibilidad mercantil de los títulos universitarios es una prioridad sobre todo en áreas técnicas y aplicadas.
b) Incluso en esas áreas se oyen voces españolas autorizadas citando críticas estadounidenses a las limitaciones del modelo norteamericano que vamos a imitar cuando, de forma paradójica, allí tratan de mejorar aprendiendo de modelos europeos en vigor.
c) La convergencia europea en la que tanto –y tan perentoriamente- se pretende afanarnos, debería empezar por reconocer y corregir algunos graves déficits estructurales de la universidad española en parámetros internacionales de calidad (gasto por alumno, financiación de la investigación, retribuciones, becas, servicios de apoyo, etc.).
d) La fe gubernamental española en el espacio europeo de educación superior contrasta por ejemplo con las reticencias de un país como Inglaterra, cuyo sistema universitario nos lleva casi dos décadas de ventaja en políticas de acreditación y aseguramiento de calidad, o el escepticismo de Alemania, locomotora europea cuyo escaso entusiasmo convergente y su lento ritmo de trabajo hace impensable el escenario del 2006.

Sin duda, esto es sólo una pequeña muestra de los asuntos que irán aflorando a medida que avance la discusión convergente en nuestra universidad y se haga patente la capacidad de la sociedad canaria para competir por titulaciones homologadas en Europa desde una región periférica y ultradependiente. Botones de muestra no faltan si miramos los resultados todavía calientes de la convocatoria experimental de acreditación de programas de tercer ciclo. ¿O será otra vez el “sálvese quien pueda” de la penúltima reforma cuatrimestralizadora de los planes de estudio?

3. El peligro de una mala negociación
En este complejo marco de cosas, es llamativo el fervor negociador sobre complementos retributivos de algunos sindicatos en lo que constituye una flagrante contradicción con su fuerte apuesta electoral de diciembre de 2002 por la homologación. Como queda patente en los párrafos anteriores, no se trata de elegir, una vez más, entre homologación y complementos, ni siquiera entre calidad y salario. Se trata de falsos dilemas que ocultan los problemas de fondo. Tampoco es una cuestión de financiación: las cuantías económicas ya han sido establecidas. Se trata de consolidar definitivamente en virtud de un derecho colectivo que nos asiste, y por medio de una vía jurídica adecuada, las remuneraciones equivalentes a los cuatro complementos retributivos que la mayoría del profesorado universitario ya viene percibiendo desde 1999.
Para justificar la negociación que se viene realizando se oyen dos argumentos (aunque no desde luego porque hayan sido expuestos y debatidos en la asamblea del profesorado): 1º) un segundo protocolo de complementos retributivos constituye la única posibilidad de mantener el salario consolidado; y 2º) el nuevo protocolo hará incluso más fácil la obtención de los incentivos económicos. Ante ello podemos plantearnos varias preguntas:
1) Si el sistema vigente de complementos garantiza la percepción de un incentivo salarial extraordinario a la inmensa mayoría de la plantilla, ¿en qué falla el protocolo actual?, ¿por qué hay que revisarlo?
2) ¿Cómo será posible facilitar la obtención del suplemento económico pasando de los seis complementos actuales a los tres previstos en el nuevo protocolo, amén de su estratificación en tres niveles, no sabemos si de calidad?
3) Si el nuevo protocolo es caminar hacia Europa ¿podemos considerar –como se viene barajando en la mesa negociadora- que un punto sobre cinco en la encuesta al estudiantado es una definición sostenible de calidad docente?
4) “Simplificar y abaratar” la percepción de una parte de cierto complemento para ciertos porcentajes del profesorado de la Universidad ¿persigue dividir a la plantilla ahorrando dinero? Demasiado elemental para resultar creíble.
5) Y lo decisivo: si la Consejería está dispuesta a financiar, “incluso con más dinero”, el nuevo protocolo de complementos retributivos, ¿qué le impide dedicar ese esfuerzo a resolver el agravio comparativo histórico entre el profesorado canario buscando las vías jurídicas más apropiadas para ello?, ¿por qué ese empecinamiento en nuevos complementos retributivos que 1) dividan y estratifiquen en categorías económicas al profesorado universitario, y 2) mantenga al profesorado en un estado de frustración y crispación permanentes dada la “mala conciencia” de estar usando complementos de calidad docente e investigadora, que merecerían ser usados racionalmente, como mero sucedáneo de la homologación salarial?, ¿o es que algún sindicato o el mismo Director General han podido llegar a pensar que con nuevos complementos el conjunto del profesorado universitario va a olvidarse del derecho de homologación, como un derecho colectivo que nos asiste desde hace más de una década?

Un asunto de capital relevancia al que se enfrenta el equipo rectoral en las próximas semanas es si su tardía incorporación a la negociación del nuevo protocolo servirá únicamente para poner la guinda legitimadora a un acuerdo retributivo impresentable, particular y selectivo, que cierra la puerta inmediata a la homologación salarial de la plantilla del profesorado de la Universidad de La Laguna. Nosotros, la Asamblea, le hemos manifestado al Rector nuestro apoyo frente al intento de imponernos a todos el nuevo protocolo de complementos retributivos, y a favor de la defensa activa de una nueva negociación que resuelva el derecho de homologación del profesorado.