LA UNIVERSIDAD EN CONFLICTO: LA DESMEMORIA Y “LA ESTRATEGIA DEL CARACOL”

Los orígenes del actual conflicto entre el profesorado de las universidades canarias y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se remonta a la aprobación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), por el gobierno de Aznar con el apoyo de Coalición Canaria, y donde la hoy vicepresidenta y Consejera de Sanidad y Consumo, la Sra. Julios Reyes, jugó un papel destacado en la defensa de las enmiendas de su partido. Esta ley, que fue ampliamente rechazada por la práctica totalidad de las universidades del Estado español, encontró, sin embargo, un firme aliado en el actual Consejero de Educación, Cultura y Deportes, que en un error de cálculo le vaticinó larga vida al Partido Popular, grupo con el que se sentía casi enteramente identificado como lo demuestra, también, su apoyo a la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, otra ley contestada por la comunidad educativa. Estos datos, no siendo centrales en el tema que abordamos si nos sirven para identificar los principales rasgos de la política educativa en Canarias en los últimos cinco años.

Pero centrémonos en el conflicto universitario. Una vez que se aprobó la LOU, la Comunidad Autónoma de Canarias en el ejercicio de las competencias que le atribuyó esa nueva ley elaboró las bases de desarrollo de la misma. Estas bases se presentaron el 22 de marzo de 2002 en el Consejo Universitario de Canarias y se convirtieron posteriormente en la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias; en el Decreto 103/2002, de 26 de julio, por el que se regula la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria; y en el Decreto 140/2002, de 7 de octubre, sobre régimen del personal docente e investigador contratado y sobre complementos retributivos del profesorado de las universidades canarias. Precisamente éste último decreto y en el apartado que se refiere a los complementos retributivos es el que da origen al conflicto que afecta hoy a las dos universidades canarias.

En una entrevista realizada en la televisión Canal 7 del Atlántico al Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, por el director de la misma, el Sr. D. Francisco Padrón, se afirmó, por parte del Sr. Ruano, que había negociado con el gobierno de la Universidad de La Laguna, y concretamente con el exvicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, quien esto escribe, el denominado decreto 140/2002. Con esta mención expresa, y haciendo una lectura generosa de la alusión, el Sr. Consejero trataba de conformar un discurso, que en síntesis venía a decir que el decreto 140/2002 había sido el resultado de un acuerdo negociado con todas las partes implicadas: los sindicatos, los gobiernos de las universidades canarias, los Consejos Sociales y la administración autonómica. Sin embargo, de la revisión de la prensa en las hemerotecas, de la lectura de las Actas de la Subcomisión III del Pacto por la Educación (19/04/2002 y 30/04/2002) y del análisis de las Actas de los Consejos Universitarios de Canarias (22/03/2002, 14/05/2002, 4/06/2002 y 17/07/2002) se demuestra que esta afirmación del Consejero o es fruto de la desmemoria o simplemente es el síntoma que confirma que el Sr. Consejero también está aquejado de un mal excesivamente generalizado entre nuestros responsables políticos, sufre memoria selectiva. El Sr. Consejero sabe muy bien que ni hubo negociación ni hubo acuerdo en este tema con el gobierno de la Universidad de La Laguna. Su desmemoria nos ofende.

Ronda de consultas: la coartada.

En la conformación de este Decreto la Consejería de Educación abrió un proceso de diálogo en diferentes modalidades (La Gaceta, 23/03/2002): una modalidad bajo el “paraguas” del denominado Pacto por la Educación, otra lo sería a través de la apertura de un foro de debate en internet; otra lo fue en el debate de las sesiones del Consejo Universitario de Canarias; y, otra modalidad se hizo efectiva en el diálogo abierto con los sindicatos con representación en la Junta de Personal Docente e Investigador. Lo que en un principio nos pareció un proceso interesante, se convertiría con el paso del tiempo en un proceso de legitimación a la política universitaria de la Consejería. Tanto la Subcomisión III del Pacto por la Educación como el Consejo Universitario de Canarias, donde estuvo presente la Universidad de La Laguna, fueron ámbitos y órganos de carácter estrictamente consultivo. Es más, en el Consejo Universitario de Canarias, el Sr. Consejero con su habitual afabilidad y deferencia en las formas, mantenía una posición rígida e inflexible en el fondo, publicando el citado decreto con lo que le pareció más conveniente. No decimos con ello que el Consejero no aceptó propuesta alguna, lo hizo, pero sin duda ninguna no atendió a las más importantes. Y entre estas no consideró conveniente eliminar el apartado de los complementos retributivos tal y como se le pidió desde la Universidad de La Laguna y también desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (anexo IV del Acta del Consejo Universitario de Canarias de 4 de junio de 2002). Tampoco recogió otras propuestas de enorme trascendencia que le enviamos los dos vicerrectores de profesorado de las universidades canarias, con lo que el decreto, tal y como quedó publicado, ha convertido la gestión del profesorado en una verdadera carrera de obstáculos.

Desde un primer momento, desde la Universidad de La Laguna se le hace saber al Sr. Consejero, que modificar completamente el planteamiento de los complementos retributivos podría abrir un debate de insospechadas consecuencias (Acta 22 de marzo de 2002, p.18) y que no estábamos de acuerdo con un nuevo modelo de complementos retributivos (La Opinión de Tenerife, 10 de abril de 2002). Posteriormente en la sesión del Consejo Universitario de Canarias se le hizo entrega por parte de la Universidad de La Laguna de un texto alternativo al presentado por la Consejería. En el apartado del texto referido a los Complementos retributivos se dice expresamente: “(...) en relación a los Complementos Retributivos, seguimos manifestando que mientras no se nos presente un estudio de las deficiencias encontradas en el actual Protocolo es innecesaria su modificación. La nueva Ley de Universidades no obliga a un cambio de los actuales complementos, posibilita que se cree la Agencia Canaria de Evaluación y Acreditación. Ello significa que la Agencia puede resolver la evaluación de los Complementos Retributivos con el actual protocolo (...)” (Anexo V del Acta del Consejo Universitario de Canarias de 4 de junio de 2002).

Por tanto, no hubo negociación, ni hubo consenso con respecto al tema de los complementos, como tampoco lo hubo en relación a otros apartados de las leyes y decretos de desarrollo de la LOU (El Día 3/08/2002; Diarios de Avisos; 8/09/2002). El Sr. Consejero, desde “la legitimidad del cargo” –como repetía con frecuencia- cerró el debate en torno a este Decreto afirmando que “(...) se puede acertar o no en el desarrollo normativo, pero lo que no se puede hacer es suprimir ciertos aspectos (...)” (Acta del Consejo Universitario de Canarias de 4 de junio 2002). Aquí el Consejero, mal, muy mal asesorado, confundió la terquedad con la firmeza, porque la primera es fruto del capricho mientras que la segunda es propia de la razón. Y es que en todo este proceso no se aportó, por parte de la Consejería de Educación, ni un solo estudio que razonara o justificara la necesidad de cambiar el vigente Acuerdo de Complementos Retributivos. En este error el Sr. Ruano no cayó solo, le acompañaron, lamentablemente, la mayoría de los sindicatos que fueron cambiando de posición y terminaron aceptando el cambio del modelo de complementos sin justificación alguna. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes amparada en el acuerdo verbal con los sindicatos hizo caso omiso a las manifestaciones de rechazo que se realizaron por parte del profesorado de las universidades canarias. Es cierto que formalmente, el Sr. Consejero había obrado según lo establecido en el ABC de cualquier negociación, sin embargo, no leyó lo que estaba ocurriendo más allá de los sindicatos, no escuchó lo que se le decía desde el gobierno de las universidades y despreció las protestas de los profesores. No se paró a reflexionar y valorar adecuadamente si los sindicatos estaban expresando la voluntad del profesorado o por el contrario se habían quedado aislados y solos como “niños en la intemperie”. Aquella quema simbólica del mencionado borrador del Decreto que realizó el profesorado universitario grancanario no fue debidamente ponderada ni por los responsables políticos de la Consejería ni por la mayoría de los delegados sindicales de las Juntas de Personal Docente e Investigador. Sabemos que aquellos hechos no representaban claramente lo que podía estar pensando la mayoría del profesorado, pero era un indicador alarmante a tener en cuenta en la elaboración y aceptación de los Protocolos que desarrollaban el nuevo modelo de complementos.

En resumidas cuentas, el conflicto que hoy afecta a las dos universidades canarias se podía haber evitado si se hubiese analizado de dónde procedían las voces de la discordias y si se hubiese estudiado lo que había ocurrido hacía apenas tres años. El Acuerdo de Complementos Retributivos de 1998 fue el resultado de un largo esfuerzo de negociación de los sindicatos con representación en las Juntas de Personal Docente e Investigador de las dos universidades canarias y fue aceptado casi unánimemente por las Asambleas de profesorado. Es decir, no hubo firma de los sindicatos sin acuerdo de las Asambleas. Y en esto radicó buena parte del éxito de los mismos. Pero también hemos de añadir que aquel consenso fue posible porque se entendió que el Acuerdo de Complementos retributivos era la sustitución transitoria, a través de la aplicación del artículo 46.2 de la Ley de Reforma Universitaria, de la tan reivindicada homologación del profesorado universitario que quedó pendiente en 1991 cuando se aprobó la homologación del profesorado de la enseñanza no universitaria con la Ley 4/1991, de 29 de abril. Ello explica que en la primavera del año 2002 el profesorado universitario reunido en asamblea advirtiera que si se cambiaban los criterios para conceder los complementos retributivos se solicitaría la homologación retributiva del profesorado universitario (Canarias 7, 16 de abril de 2002; La Opinión de Tenerife, 9 de abril de 2002). Estos argumentos también fueron desoídos por el Sr. Consejero que en lo aparente se dota de una retórica dialogante pero en lo esencial mantiene una actitud inflexible y desdeñosa con los discursos disidentes. No se puede entender de otra manera la intransigencia con la que está abordando el problema de los complementos retributivos en la actualidad. La entrevista de marras en la citada televisión local fue el más claro exponente de cuanto decimos.

“La Estrategia del Caracol”

La aprobación del nuevo Protocolo de Complementos y la convocatoria de solicitud de los complementos en septiembre de 2004, han terminado por exacerbar el conflicto paralizando las dos universidades canarias durante casi quince días. A día de hoy no ha comenzado el curso en la mayoría de las facultades de nuestras universidades. Ante esta situación el Sr. Consejero debe hacer un ejercicio de autocrítica y debe aceptar que en algo ha debido equivocarse. No puede seguir escudándose en que la homologación es competencia del Gobierno Central por dos razones fundamentales: la primera, porque no se puede pedir mayores niveles de competencias en el Estatuto de Autonomía y seguir diciendo que la responsabilidad recae en Moncloa, este nacionalismo de ocasión ya no es creíble; la segunda, porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por cierto del PP y el que hizo la LOU, ha llegado a un acuerdo con los sindicatos y con las Universidades madrileñas por el que modifica el Componente General del Complemento Específico estableciendo una vía, y no la única, para la homologación (B.O.C.M. 14/09/2004). El Sr. Consejero debería asesorar a D. Paulino Rivero para que no siga haciendo preguntas retóricas y dilatorias a la Ministra de Educación, y que le pregunte lo que realmente importa y es sí el Ministerio va a recurrir el Acuerdo para la mejora retributiva del personal docente e investigador de las Universidades públicas de la Comunidad de Madrid. El Sr. Consejero no puede seguir diciendo que se incrementa la partida presupuestaria de los complementos retributivos para el próximo año con doce millones de euros o trece millones y medio de euros porque sabe que en la ficha financiera del Contrato-Programa de las Universidades canarias ha destinado en el presupuesto del año 2003 y del año 2004, más de 18 millones de euros cada año con la contabilización del pago de los atrasos de la evaluación de 1999. En un lapsus que tuvo en la entrevista televisiva ya señalada se le escaparon las cifras que cito y que además son fácilmente comprobables. No vea fantasmas, Sr. Consejero, donde nos los hay, este conflicto no es una conspiración judeo-masónicas”, no hay filiación político-partidista en esta reivindicación del profesorado. El Sr. Consejero es muy libre de arruinar su carrera política manteniendo una actitud intransigente en este conflicto, pero sería una grave irresponsabilidad mantener por más tiempo a cuarenta y cinco mil alumnos y alumnas sin clases.

Ha llegado la hora, Sr. Consejero, de crear un espacio de diálogo. Busque las vías que considere pertinentes pero dé una salida a este conflicto que todavía la tiene e incluso airosa para usted. No se equivoque nuevamente con el profesorado universitario, no piense que se trata de un problema estrictamente salarial como usted quiere hacer ver a la sociedad canaria. Se trata del reconocimiento social y político a la labor que realizan los docentes universitarios canarios. Y termino, Sr. Consejero, con una referencia a la película colombiana, “La Estrategia del Caracol” de Sergio Cabrera, un cineasta descendiente de canario. Cuando el reportero José Antonio Samper, del Noticiario de las siete, escuchó el detallado relato de D. Gustavo Calla Isaza sobre la infructuosa lucha que llevaron a cabo unos inquilinos de una antigua casa del centro de la ciudad para evitar el desalojo judicial, le preguntó a D. Gustavo que toda aquella lucha para qué, y éste le termina contestando “por la dignidad del hombre, por la dignidad nuestra, cómo para qué, ¿para qué le sirve a usted esa palabra?”.

Recuerde Sr. Consejero no es problema exclusivamente retributivo, usted ha logrado convertir esta lucha en una cuestión menos tangible y más valiosa: ya hablamos de dignidad Sr. Ruano, de dignidad.

Manuel Ledesma Reyes Profesor del Area de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de La Laguna. Exvicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la ULL.