CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y DERECHO DE HOMOLOGACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES CANARIAS

Ángela Sierra, Juan M. García Ramos, Manuel Mas, Belén Castro, Ramón Orive, Bernardo Báez, Vicente Hdez. Pedrero
Periódico LA OPINIÓN, 19.03.04

De un tiempo a esta parte se ha venido insistiendo por parte de los responsables políticos e institucionales de la Consejería de Educación en la necesidad de cambiar la docencia y armonizar los estudios según el modelo promovido por los acuerdos de Bolonia, cuyo objetivo prioritario consiste en lograr una convergencia educativa de los países integrados en la Unión Europea. Pero los responsables políticos e institucionales de Canarias han pasado intencionadamente por alto que ese modelo de convergencia propuesto no sólo propugna medidas armonizadoras de la diversidad de las tradiciones docentes y de los contenidos formativos, sino también establece, de acuerdo con ese objetivo, unos medios para dignificar la función docente e investigadora del profesorado universitario.
En los últimos meses, la Consejería de Educación ha focalizado sesgadamente la reforma en la planificación de los estudios y de las disciplinas, obviando toda referencia a los recursos que hay que asignar para afrontar las modificaciones del sistema pedagógico, así como todo lo concerniente a las retribuciones del profesorado universitario, que en esta Comunidad Autónoma sufre un agravio histórico, desde que en 1990 la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias homologó a los docentes canarios de enseñanza media y primaria dejando pendiente la homologación de los docentes universitarios.
Es legítimo albergar dudas sobre una Administración bajo cuya competencia directa se hallan todos los aspectos que conciernen al profesorado, tanto los de carácter económico como los de carácter promocional, y que, sin embargo, se ha permitido perpetuar una situación de agravio comparativo entre los funcionarios docentes no universitarios y los docentes universitarios y entre éstos y el resto de los funcionarios de la Comunidad Autónoma. Mas que pretender una universidad de calidad, con capacidad competitiva, parecen buscar una universidad de bajos costes. Eso y no otra cosa, es lo que está detrás del protocolo de unos nuevos complementos retributivos que la Consejería quiere imponer, por la vía de los hechos, al conjunto del profesorado universitario de Canarias.
Pero la realidad es que la convergencia educativa no puede hacerse con costes bajos, porque ésta supone un panorama didáctico mucho más variado que el actual, con profesores más implicados en una atención individualizada para potenciar en el alumno pautas, recursos y condiciones que faciliten el logro de las competencias profesionales. Tales metas no pueden cumplirse sin el aumento de la asignación de recursos para la enseñanza superior y sin la dignificación del profesorado que debe ser incentivado con estímulos y apoyos de muy diverso tipo, desde la formación continua hasta el salario. La tendencia a reducir, en términos comparativos, el presupuesto de las universidades canarias, las limitaciones económicas opuestas a la investigación y a la formación continua del profesorado universitario, el mantenimiento del agravio comparativo que éstos padecen a nivel retributivo respecto de otros funcionarios de la Comunidad Autónoma no permiten albergar esperanzas sobre qué es lo que entienden los responsables políticos e institucionales por calidad de la enseñanza superior, puesto que los elementos que la constituyen no parecen interesarles, como si bastara para obtenerla con cambiar los programas de las disciplinas y los planes de estudio. Sin duda la convergencia educativa podría ser una gran oportunidad de mejora para las universidades canarias y podría significar un paso adelante en la deseable aplicación de las modernas concepciones sobre la calidad educativa. Pero parece dudoso que esto le interese a los responsables políticos e institucionales, que ningunean permanentemente al profesorado universitario negándole la capacidad de interlocución en esta materia, que quedaría en manos de algunos sindicatos cuya docilidad ante las intenciones del poder político es manifiesta, y su representatividad entre el profesorado muy dudosa desde el punto de vista formal (sólo un 19 % de participación en las últimas elecciones sindicales de la ULL) y radicalmente nula en cuanto a su contenido, si se trata de hacer dejación de la defensa del derecho de homologación como un derecho colectivo de todo el profesorado universitario. ¿Cómo entender esa actitud de marginación y menoscabo del profesorado? ¿Cómo entender ese autismo institucional? Sólo se puede entender como la expresión de una cultura política que cree que basta con el Boletín de la Comunidad Autónoma para garantizar los cambios. Pero la docencia no se cambia con normas ministeriales, autonómicas e institucionales. La calidad docente no puede construirse al margen de alumnos y profesores. Basta con permanecer media hora en la Universidad para darse cuenta de ello.

Ángela Sierra González (Fac. Filosofía, ULL)
Juan Manuel García Ramos (Fac. Filología, ULL)
Manuel Mas García (Fac. Medicina, ULL)
Fernando Gabriel Martín (Fac. G.e Historia, ULL)
Ramón Orive Rodríguez (Fac. Matemáticas, ULL)
Belén Castro Morales (Fac. Filología, ULL)
Bernardo Báez de la Fe (Fac. Psicología, ULL)
Vicente Hernández Pedrero (Fac. Filosofía, ULL)