APORTACIONES A UN DEBATE
POR LA HOMOLOGACIÓN DEL PROFESORADO UNIVESITARIO

Juan-Manuel García Ramos

Durante mi mandato como consejero de Educación del Gobierno de Canarias dejé planteada una acción de gobierno concerniente a la homologación del profesorado universitario que figura en las actas del último Consejo Universitario Regional de la legislatura 1987-1991.
Esa acción de gobierno venía a complementar, en justa medida, la Ley 4/1991, de 29 de abril de homologación de los funcionarios docentes del Parlamento de Canarias mediante la cual, en un plazo de cinco años, se homologaron las retribuciones de los funcionarios docentes no universitarios que prestaban sus servicios en la Comunidad Autónoma con las retribuciones que en ese momento percibían los puestos base de la Administración autónoma, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 259/1989 del Gobierno de Canarias.
Han pasado trece años desde que aquella iniciativa de extender la homologación salarial a la totalidad de los funcionarios docentes quedara pendiente de llevarse a cabo y, de por medio, todos sabemos que esa injusticia sufrida por el profesorado universitario ha sido parcheada por unos complementos retributivos no consolidables y que colocan al docente de enseñanza superior en clara desventaja salarial y profesional con el resto de los docentes del sistema educativo canario.
Los problemas de choque con la jurisdicción legal del Estado invocados una y otra vez por la Consejería de Educación y asumidos con cierto servilismo por las universidades canarias y la clase sindical para no reconocer ese derecho al profesorado universitario, pueden ser superados del mismo modo que se supieron superar en la Ley 4/1991 ya citada y con mucha más razón si quienes tienen que negociar ese aspecto legal del proceso se consideran miembros de un gobierno nacionalista.
Tras una reciente renovación de los complementos retributivos sustitutorios de la homologación aplazada, quisiera recordar de nuevo a la Consejería de Educación, en especial a su Viceconsejero, quien fue el responsable, durante mi mandato al frente de esa cartera autónoma, de redactar la Ley 3/91, en su calidad entonces de Director General de Personal, la conveniencia de abrir un debate serio y riguroso con las juntas de gobierno y los consejos sociales de nuestras universidades con el fin de corregir una injusticia laboral que redundará en la dignificación profesional del docente universitario y en la creación de estímulos suficientes ante lo que puede ser el reto de la educación en el siglo XXI en el nuevo contexto de la armonización europea.
Podría entenderse por algunos que un educador no está más allá del funcionario no docente en su responsabilidad y en la trascendencia de su trabajo. Pero lo que no es de recibo es que un educador esté por debajo de las retribuciones base correspondientes al resto de los funcionarios de la Comunidad.
La Ley 4/1991 que llevamos al Parlamento en su día y fue aprobada por unanimidad de la Cámara no tenía otro objetivo que ése, pero la segunda parte de esa Ley sigue sin llevarse a efecto.
La administración educativa está en deuda, por tanto, con el docente universitario y sería un error, ya que se cuenta con los recursos vía complementos retributivos actuales, no ultimar la acción de gobierno planteada desde el mismo año de 1991.
Sea dicho todo esto en son de paz y con el deseo de una justicia retributiva que unifique el Sistema Educativo de Canarias.