A VUELTAS CON LA HOMOLOGACIÓN UNIVERSITARIA
Juan-Manuel García Ramos
(Ex Consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias y Catedrático de Filología Española de la ULL)

Ante el debate planteado entre las universidades canarias y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, quisiera expresar de nuevo mi preocupación ante las dudas mantenidas por dicha Consejería a la hora de proceder a la inmediata homologación del profesorado universitario, una accción de gobierno que ya había dejado planteada durante mi mandato de consejero en 1991 y que no debe sufrir ningún tipo de demora.
La única materia prima de las Islas es la de sus hombres y mujeres y se hace necesaria la urgente profesionalización y dignificación de nuestro profesorado, ya sea universitario o no universitario, como una garantía para preparar a nuestros jóvenes ante el futuro.
Nuestro condición periférica coloca a nuestros profesores en desventaja con sus colegas peninsulares y así como el Gobierno de Canarias, tan amigo de ultraperificidades victimistas, hace esfuerzos en otras áreas, la educativa debe merecer todo tipo de respetos por razones que no vale la pena desarrollar aquí, pues corresponden al puro sentido común.
En la actual negociación entre las dos universidades insulares y el Gobierno de Canarias, hay que dar prioridad inmediata a reconocerle a nuestro profesorado universitario un estatus profesional y social a la altura de nuestra situación desventajosa con respecto a otros centros universitarios del resto del Estado.
La sociedad ha de apoyar esta solicitud de nuestras universidades por encima de cualquier interés partidista. Espero que la Consejería no demore ni un instante más el reconocimiento de estos derechos elementales de nuestros claustros universitarios y frene el proceso de deterioro de la vida universitaria provocada por una administración carente de reflejos negociadores y unas asambleas de profesorado que pueden llegar a perder los nervios ante el atropello de una consejería que se niega a mirar a la realidad de frente.
Podría entenderse por algunos que un educador no está por encima del funcionario no docente en su responsabilidad y en la trascendencia de su trabajo. Pero lo que no es de recibo es que un educador esté por debajo de las retribuciones base correspondientes al resto de los funcionarios de la Comunidad.
Algunas voces críticas contra la actitud actual del profesorado universitario invocan que éste elude el control de la calidad de la enseñanza y de la investigación que realiza. Esas voces no saben que en la universidad de nuestros días existen unos quinquenios de rendimiento docente y unos sexenios de valoración investigadora que dan cuenta del doble quehacer de cualquier docente universitario.
El espíritu con el que defendimos la Ley 4/1991, de 29 de abril, del Parlamento de Canarias, de homologación de los funcionarios docentes, mediante la cual, en un plazo de cinco años, se homologaron las retribuciones de los funcionarios docentes no universitarios que prestaban sus servicios en la Comunidad Autónoma con las retribuciones que en ese momento percibían los puestos base de la Administración autónoma, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 259/1989 del Gobierno de Canarias, era un espíritu de compensación económica, y de elemental justicia laboral y social, para facilitarle a profesionales que tienen que hacer de su formación, una formación permanentemente continuada y muchas veces fuera de las islas, en un diálogo ininterrumpido con la ciencia y las humanidades, para facilitarle a esos profesionales un desarrollo de su trabajo algo aliviado de los gastos añadidos que impone toda insularidad, todo ello si queremos tener en nuestros primeros centros docentes, profesionales de primera calidad y no funcionarios apesebrados y ajenos a lo que hoy sucede en el mundo en las áreas de sus conocimientos.
Ése fue, digo, el espíritu de la primera parte de la ley de homologación de los funcionarios docentes no universitarios. Como cualquiera podrá deducir, con mucha más razón esos argumentos sirven por igual para el caso de los docentes universitarios.
Me he cansado de repetir que en 1991, en el último Consejo Universitario Regional celebrado durante esa legislatura, se dejó prefigurada la inmediata homologación del profesorado universitario con una interpretación jurídica con respecto a competencias estatales y autonómicas que no obstaculizaban en ningún caso el inicio del proceso homologador en Canarias. Acaso ese proceso conllevara un diálogo con el Estado, pero nunca un impedimento taxativo del gobierno central a la hora de seguir adelante y culminar la homologación general de nuestros educadores.¿No se acuerdan del aumento de las pensiones que el presidente de Andalucía impuso en su comunidad enfrentado con el gobierno de Madrid?
Vuelvo a repetir que hemos perdido trece años inútiles y todavía la actual Consejería sigue dándole vueltas al problema, y un diputado como don Paulino Rivero Baute, profesor no universitario -beneficiado en su día por la homologación aprobada en contra de la política ministerial del señor don Javier Solana-, presidente de una fuerza que se proclama nacionalista, también intenta dilatar la solución del problema llevándolo al Congreso de los Diputados para preguntarle a Papá-Estado si le permite reconocer a parte del profesorado de su Comunidad un derecho del que él viene gozando desde 1991.
Sé que este gobierno de Canarias está a punto de demostrarnos a todos que no existe, que es pura nebulosa, pero yo le pido un pequeño esfuerzo: ya que el presente es tan negro, no se carguen también el futuro de nuestro hijos y préstenle un poquito de atención a la educación. También a la universitaria, hombre, aunque algunos miembros de ese ejecutivo exterioricen una suerte de rencor contra los titulados superiores que no nos pasa desapercibido a nadie.
En el caso universitario, cojan los recursos económicos de los humillantes complementos retributivos vigentes y pásenlos a un capítulo de homologación efectiva y justa. No terminen también con el prestigio de nuestros dos centros superiores, como han terminado con el prestigio nunca consolidado de instituciones como el Parlamento y el Gobierno de Canarias. Ya está bien.