La homologación y la sociedad canaria

José Luis Quevedo *

Más de una vez he escuchado a amigos y personas ajenas al mundo de la Universidad y curiosamente también a miembros de la administración educativa, lo lejanas que están las reivindicaciones del profesorado universitario de Canarias de los intereses de la sociedad de estas Islas. Desde el punto de vista ajeno al mundillo universitario es una situación comprensible, pues no es fácil hacer ver a la sociedad en general el trabajo y más difícil aún, los resultados del mismo, de un profesor universitario. “¡Jo, que delicia! Sólo doce horas de clase a la semana. Ustedes sí que no pegan sello”. Es un comentario habitual. Claro, la administración educativa tiene demasiados vericuetos como para abarcarlos en un par de páginas. Fijémonos sólo en uno de ellos.

Las últimas declaraciones del consejero de Educación han introducido en el debate un elemento importante, y no pocas veces ausente, sobre la forma en que la administración gasta el dinero público, ése que es escaso y es de todos. Nos referimos a lo que se considera mejor para la sociedad en su conjunto, en este caso, la sociedad canaria. El consejero deja caer que los profesores estamos por sistemas retributivos más alejados del control público y menos ligados al cumplimiento de objetivos, prefiriendo el sistema existente por ser más lineal, no discriminante entre profesores buenos y profesores malos. En otros términos, café para todos. Sería interesante entonces reflexionar algo sobre la eficiencia del gasto público en el que incurre el profesorado universitario y los controles que existen sobre el uso de recursos públicos que usan los profesores en el desarrollo de su trabajo.

Si atendemos a la evidencia que tenemos, encontramos una contradicción entre esa linealidad no incentivadora del sistema de complementos existente y lo que reflejan las sucesivas memorias de las universidades canarias en los últimos años. Los datos arrojan crecimientos importantes en todos los parámetros de la actividad universitaria. Ese incremento no es sólo fruto de la inversión en infraestructuras que ha habido en los últimos años -muestra visible en el desarrollo de los campus universitarios-. Diríamos que básicamente, en una organización altamente intensiva en capital humano como la universidad, es fruto del trabajo de los profesores. Cierto es que a la vez ha habido un crecimiento importante del número de profesores, pero ¿ha sido un crecimiento ineficiente que haya implicado un dispendio de los dineros públicos? Sin datos suficientes para una afirmación rotunda, podemos recurrir a la comparación con la evolución del resto de universidades españolas. Si analizamos los diferentes rankings que se elaboran, las universidades canarias han mejorado su posición relativa en esas listas en los últimos años. No vemos entonces argumentos para sostener una hipótesis de baja productividad del profesorado universitario de Canarias.

Aún así, sigamos arrojando dudas sobre la eficiencia del gasto público que realiza el profesorado universitario y planteemos la necesidad de una mayor vigilancia sobre su actividad. Éste es un argumento muy atractivo y en absoluto desconocido. Fue una de esas ideas fuerza de la campaña propagandística destinada a desprestigiar al profesorado universitario que inició el Ministerio de Educación cuando nos estaban vendiendo las virtudes de la LOU, hoy objeto de reformas. En este aspecto, habría que decir que lo deseable sería que el control y la planificación que existen en la universidad se extendieran a otros ámbitos del sector público. La financiación regular de la universidad está vinculada al cumplimiento de objetivos fijados en contratos programa, la docencia del profesorado escrutada por evaluaciones de alumnos y agencias externas, la financiación de la investigación, sujeta a concurrencia competitiva, sometida a estrictos controles de calidad por agencias y comités independientes antes de ser otorgada y por si algo faltara, una vez finalizada, su difusión también es objeto de tales procesos. ¿Es que, por poner un ejemplo, un gerente de un centro de salud o un médico de un servicio hospitalario o un técnico de una Consejería o un concejal de un Ayuntamiento está sometido a tal proceso evaluador en sus decisiones de gasto? Mucho nos tememos que más allá de controles a posteriori para detectar conductas recogidas en el Código Penal no hay nada. Ciertamente, no conocemos ningún ámbito del sector público donde se den tantos procesos encaminados a asegurar el gasto eficiente de los recursos públicos como en la universidad.

Y entonces, ¿es que nos negamos a más controles sobre la calidad de nuestro trabajo? Por supuesto que no, pero tampoco podemos aceptar el argumento de que la actual situación genera una sociedad canaria y un sistema universitario mejor desde el punto de vista del uso de los recursos públicos. Los procesos de evaluación y control no tienen un coste cero, y como cualquier otro programa de gasto público, debería someterse a una comparación de su coste en relación con su efectividad. En este sentido, quedan muchas dudas por resolver; ¿qué diseño de protocolo de complementos es el que más incentivos introduce en el profesorado para alcanzar niveles de calidad? Claro, definamos primero qué entendemos por calidad y cómo la vamos a medir. ¿En qué medida ese diseño converge con los planes estratégicos de las universidades, que son los instrumentos que guían la política universitaria? ¿Hasta qué nivel llega la regulación innecesaria que surge de esos protocolos por ser redundante o por introducir mecanismos perversos dados los escasos y laxos medios de control? ¿Cuál es el coste generado por la necesidad de crear instrumentos de control, por otro lado, nada sencillos de implementar? Y así, muchas otras cuestiones que no han sido aclaradas.

En resumen, que si hablamos del mejor uso de recursos públicos desde el punto de vista del sistema universitario y, en última instancia, de la sociedad en su conjunto, otros muchos factores deben ser considerados. Todas las alternativas deben ser puestas sobre la mesa e idealmente, comparadas en lo referente a sus costes y su efectividad. Considerando esta visión global que defendemos, no se ha demostrado que la propuesta de sistema retributivo que quieren poner en marcha sea la mejor. Queda en manos de la voluntad y la responsabilidad política con la sociedad canaria el hacerlo.

* Profesor del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la ULPGC