UNA CUESTION DE MODALES Desde la aprobación de la Constitución Española se reconoció el derecho de huelga a los trabajadores como un instrumento de defensa de sus intereses, como, igualmente, se reconoció a la Administración la potestad de establecer las garantías necesarias para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Todos estos extremos legales han sido, religiosamente, cumplidos en la tramitación de la huelga de las dos universidades canarias, que se ha desarrollado con un escrupuloso acatamiento de la Ley. En el marco jurídico establecido por ésta los comités de huelga tienen un estatuto legal y constituyen una representación legítima de los trabajadores, que en un conflicto está por encima de la representación sindical, de tal modo que ésta no puede sustituirles en los procesos negociadores, salvo que los comités de huelga deleguen, si así lo deciden, su capacidad negociadora en la representación en los sindicatos. Que no es el caso de los Comités de Huelga de las dos universidades canarias . Cualquier estudiante de derecho medianamente aplicado conoce bien estas cuestiones, que, por otra parte, resultan tan de sentido común, que no precisan explicación detallada. Mucho mejor lo debería de conocer quien, al parecer, como le sucede al Consejero de Educación, está considerado como un experto jurista y en calidad de tal preside la Comisión de revisión del Estatuto de Canarias. Resulta, pues, inexplicable, desde el punto de vista jurídico, la negativa del Consejero de Educación a recibir el Comité de Huelga de los centros universitarios hoy en conflicto y la reiterada descalificación que ha hecho de éste, como representantes legítimos de los docentes universitarios. Ante este comportamiento, se puede tener la tentación de pensar que la negativa del Consejero de Educación se debe a una cuestión de modales, a un estilo muy cercano al “¡Aquí mando yo!” Así, elige, a su propia conveniencia, quienes deben ser sus interlocutores y , también, cómo no, de que se debe discutir. Pero, si se puede entender que el Consejero tenga una particular querencia por lo que son de su banda, tienen su mismo estilo y hablan su mismo lenguaje, sonroja comprobar que éstas actitudes que, por parte de un administrador público, sólo pueden considerarse como preconstitucionales reciban el respaldo del Gobierno de Canarias. Máxime, cuando éste Gobierno ha hecho, más de una vez, profesión de fe constitucionalista. Sin duda hay muchos políticos que se llena la boca para hablar de los principios democráticos, cuando tienen que cumplirlos otros, pero que se cuidan mucho de recordarlos, si les resultan incómodos y es muy probable que el Consejero de Educación forme parte de esa hermandad de la cual merece ser nombrado Gran Maestre, con mérito distinguido. Pero, también, ¿es éste el caso de los políticos que forman parte del Gobierno de Canarias? ¿Piensan que los derechos otorgados por la Constitución a los ciudadanos deben ser enmendados para evitarles a ellos incomodidades en el desarrollo de sus deberes? Tal parece que en lugar de deberse ellos en el cumplimiento de sus deberes a la sociedad , la sociedad está obligada a hacerles grata la vida y a permitirles que se ganen el sueldo sin tribulaciones. El vivir y trabajar cómodamente es un deseo humano. Se entiende bien. Lo que no se entiende bien es que se pretenda gobernar en pantuflas, placenteramente repatingado en un sillón de orejeras, mientras los subordinados saludan reverentemente la inteligencia y habilidad del “jefe”. Hay motivos para pensar que es así como algunos entienden las tareas de gobierno. Si no ¿cómo explicarse que se respalde, unánimamente, a un Consejero que presume de no haberse reunido jamás con un Comité de Huelga?
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