Las asambleas del profesorado de las dos universidades canarias están dejando en evidencia a la mayoría de sindicatos que pactan con la Consejería a espaldas de sus representados e, incluso, en contra de los intereses de estos.
Esta forma de actuación no es nueva, como tampoco es nueva la solución que le han pretendido dar al problema: una deuda, que hay que pagarla, se enmascara como unos complementos para medir la productividad. Y lo peor no es que no reconozcan su error y se retracten de lo hecho sino que, además, estén alineados con las tesis del Sr. Ruano y se empeñen en defenderlo, llegando incluso a mentir, cuando afirman que la solución a este problema depende del Ministerio. También es impresentable la actitud del Consejero negándose a recibir al Comité de Huelga, única representación legal y real en esa situación.
Hagamos un poco de memoria para analizar el momento actual a la luz de la homologación económica del profesorado no universitario con el resto del funcionariado, reivindicación constante en la década de los 80 por parte del colectivo docente. Año tras año, se había ido produciendo un desfase con los reiterados incrementos al conjunto del funcionariado, excepto los de sanidad y educación, que nunca entraban en el reparto, bajo la excusa del alto número de afectados.
En la huelga del 88 el profesorado exigió una “homologación económica, que no administrativa, a través de un complemento específico generalizado”. El MEC cedió en algo, pero consideró cerrada la homologación.
En Canarias, el STEC no dio la batalla por perdida y presentó ante el Parlamento una Ley de Iniciativa Popular, avalada por el conjunto del profesorado (más de 17.000 firmas). Al Gobierno se le pedía “el reconocimiento del total de la deuda contraída con el profesorado unas 60.000 ptas. mensuales), así como su pago en el menor tiempo posible –tres años- y que se retribuyera en función de un complemento único específico docente de carácter generalizado”. CCOO y UGT hicieron lo indecible por erigirse en los únicos valedores de la negociación exigiendo que la negociación fuera exclusiva de la Mesa de Concertación Social en la que participaban ambos con el Gobierno. Allí aceptaron las propuestas iniciales del Gobierno que posteriormente serían modificadas por la presión ejercida por el profesorado en huelga convocada por el STEC.
“ Si la homologación es una deuda, que se pague; si su motivación, según ha afirmado el propio Consejero, es la dignificación del profesorado y la revalorización del trabajo docente, no se puede admitir que se empeoren las actuales condiciones del profesorado, que no son precisamente óptimas, y se planteen contrapartidas que las deterioran”, decía el STEC entonces, logrando frenar algunas de las propuestas del Gobierno aceptadas y firmadas en la Mesa de Concertación y, posteriormente, modificadas en la Mesa Sectorial de Educación.
En aquella lucha, una vez más se evidenciaron los dos modelos de sindicalismo presentes en la enseñanza: de una parte, el STEC, que contaba con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, mediante las asambleas en los diferentes ámbitos y acatando las decisiones de las mismas, manteniendo una línea de respuesta inmediata y coherencia ante las amenazas de retroceso en las condiciones de trabajo. De otra parte, los que han querido presentarse a toda costa como “eficaces gestores y hábiles negociadores”, pero que sólo deciden teniendo en cuenta la opinión de sus ejecutivas o la suya personal.
El STEC exigió que esta Ley “no supondrá aumentar ni el calendario ni la jornada laboral docente y que el perfeccionamiento y la recuperación del alumnado se harán dentro del horario lectivo”, añadiendo que “sólo la confirmación por escrito de que no existen contrapartidas posibilitaría un acuerdo consensuado”. Al final, el 18-03-1991, la Consejería emitió un “comunicado tras la reunión con el STEC” “para aclarar las dudas surgidas ante el Anteproyecto de Ley de Homologación del Profesorado”.
La conquista de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza en Canarias sirvió de modelo para relanzar nuevamente las exigencias en el resto del Estado. “El Gobierno de Madrid no está dispuesto a aceptar –en palabras del Sr. Rubalcaba- que una Comunidad Autónoma le marque los presupuestos al Estado”; no está dispuesto a ofrecer sino unas 20.000 pesetas por este concepto y además, para poderlas dar, exige contrapartidas. “Lo de Canarias” lo justifica como “una locura producto de la situación política de un gobierno débil e insolidario que no tiene en cuenta la situación del Estado”... Afirma, además, que “existe un pacto de Felipe González con el resto de presidentes autonómicos para no entrar en la dinámica esquizoide de Canarias”. No le quedaría más remedio a don Alfredo Pérez Rubalcaba que sobrellevar como una contradicción el que su partido hubiera votado sí a la homologación en Canarias, mientras desde Madrid se oponía a ella... Y esa hábil maniobra se le debe al Sr. Olarte, que apostó claramente por la homologación del profesorado no universitario en Canarias. Al frente de la Consejería de Educación estaba el Sr. García Ramos.
Al final, en el resto del Estado, se implantarían los sexenios, la acreditación de cien horas de formación para poderlos percibir y la exclusión del profesorado interino de la percepción de la totalidad de este complemento.