Candidatura unitaria: ASAMBLEA DE PROFESORADO ULL.

Declaración de intenciones:

Esta lista sindical es consecuencia lógica del proceso asambleario que se nuclea alrededor de la defensa del derecho a la homologación en el ámbito de la Comunidad Canaria. Después de haber logrado la revocación de la Junta de Personal, la Asamblea en un ejercicio de responsabilidad decide presentarse a las elecciones sindicales con el objetivo de institucionalizar su innegable mayoría social en esta Universidad y, así, participar directamente en todas las negociaciones que afecten al profesorado en los próximos años, tanto en la propia Universidad como con la Comunidad Autónoma.
La Asamblea carece de mecanismos institucionalizados de pertenencia que no sean la libre presencia y participación en las diferentes reuniones y actos convocados. Por ello la Asamblea es un proceso en continua construcción, con una composición diversa institucionalmente (centros, facultades y escuelas), desde el punto de vista contractual (funcionarios y contratados), ideológicamente...Bien es verdad que con una coincidencia esencial: la unidad en la apuesta por un modelo de participación radicalmente democrático, la defensa directa de nuestros intereses como trabajadores y la preocupación por tener una Universidad cada vez mejor en investigación, docencia y gestión.
La Asamblea surge de la necesidad de gestionar directamente el derecho a la homologación y el rechazo al nuevo protocolo de complementos, al entender que la negación del primero y la imposición del segundo por el gobierno canario, son el producto de la histórica debilidad de los equipos de gobierno de la universidad en este tema, pero sobre todo de un estilo sindical de parte de las mayorías de las Juntas de Personal, caracterizado por un alejamiento creciente de los intereses de los trabajadores, la falta de información y trasparencia y una predisposición inequívoca para llegar a acuerdos con la Consejería de Educación y facilitar su política de sospecha y acoso sobre las universidades y los universitarios. Por tanto la Asamblea no es antisindicalista –por eso nos presentamos a estas elecciones- , pero sí rechaza el modelo sindical desarrollado por las mayorías de las juntas de personal. Este rechazo es compartido en la Asamblea por el profesorado no afiliado a ningún sindicato, por los sindicalistas de Intersindical Canaria y FETE-UGT y por afiliados a otros sindicatos como CCOO, CNT...
Si esta candidatura es expresión natural de la realidad de la Asamblea, al mismo tiempo de su unidad y diversidad, su actuación ha de ser por delegación de la Asamblea, quien establece el programa de la candidatura, controla su actividad sindical y decide sobre los temas fundamentales de reivindicación y negociación. Del mismo modo, es la Asamblea quien establece los mecanismos de permanencia, sustitución y exclusión, salvo por razones personales, de la candidatura en este periodo de cuatro años para el que se ha formado la lista sindical. Por ello, quienes componen la candidatura asumen el compromiso de abandonar la Junta de Personal y ser sustituidos por otros miembros de la lista, caso de ser elegidos, si por cualquier razón no son capaces de gestionar las decisiones de la Asamblea.

Programa:

La candidatura tiene un límite de actuación de cuatro años y vocación de centrar su actividad, preferentemente, en todos aquellos temas que afecten al profesorado y a las universidades en el ámbito de la Comunidad Canaria. Dados el origen, la composición y el desarrollo de la Asamblea hasta ahora, la candidatura asume el compromiso de la defensa de una serie de temas ineludibles en el presente inmediato y de aquellos otros que considere la Asamblea a lo largo de estos cuatro años. Actualmente son los siguientes:

Defensa de la homologación, que se concreta en unos 6000 euros anuales para todo el profesorado a tiempo completo (funcionarios y contratados) y la parte proporcional a su dedicación para el profesorado a tiempo parcial. Con independencia de las vías para lograrlo -subida lineal, mediante complementos consolidables y accesibles a todos- este objetivo es irrenunciable.

Defensa de unos auténticos complementos de calidad y excelencia en el ámbito de la Comunidad Canaria, en docencia e investigación. Los protocolos de evaluación para alcanzarlos deben ser realizados por expertos y refrendados por el profesorado, los gobiernos de las universidades y el Gobierno Canario. En todo caso, dos años antes de su entrada en vigor deben ser conocidos por el profesorado. Asimismo evitarán cualquier tipo de exclusión por razones contractuales, de antigüedad, etc. Además, los futuros comités científicos de la ACECAU tienen que estar integrados por especialistas profesionales y/o académicos en materia de evaluación.

Defensa de una solución para el profesorado contratado LRU, que no cumple los requisitos establecidos para el paso a contratados LOU en diciembre del 2006. Se reclamará al Gobierno de Canarias que solicite una ampliación del plazo de reconversión hasta el 2010.

Mejora de las condiciones contractuales de los actuales contratados LOU, que incluye la necesidad de que se generen las condiciones necesarias para que cualquier persona que accede como profesor a la universidad pueda desarrollar una carrera académica, si así lo desea. En la figura de contratado doctor, toda persona que haya permanecido contratada cinco años se considerará empleada estable. La Universidad promoverá los procedimientos necesarios para que pueda acceder a la condición de funcionario, si así lo desea, una vez acreditado por la Agencia Nacional.

Realización de acuerdos institucionales, entre el Gobierno Canario, las universidades canarias y otras universidades españolas y gobiernos autónomos para que se produzca un intercambio regulado y no traumático de ayudantes. Desaparición de la “doble contabilidad” que se lleva a cabo con las cargas docentes de los ayudantes en esta Universidad. Porque si bien la LOU establece una carga docente máxima de los ayudantes de tres horas los dos primeros años y de cuatro los siguientes, la política universitaria actual los contempla como contratos de ocho horas, disuadiendo así a los departamentos de contratar ayudantes e invitándolos a proponer contratos de asociado.

Conseguir que en los procesos de selección del profesorado, concursos y oposiciones se permita la participación como observadores de representantes sindicales.


Defensa del año sabático, al menos uno cada siete años, mediante un sistema de sustituciones docentes tal como ahora ocurre por bajas de maternidad, enfermedad y por excedencia por servicios especiales.

Derecho a la excedencia del profesorado, al menos por un año, sin sueldo y sin que ello afecte a su vuelta a la universidad, también mediante un sistema de sustituciones.

Jubilación anticipada, que permita retirarse a quien lo desee desde los 55 años, si ya tiene 30 de servicio, con el cien por cien de la jubilación.

Plan propio de pensiones de la Universidad.

Evitar consecuencias negativas para el profesorado de la Convergencia Europea.

Defensa radical de la libertad de docencia e investigación, que conlleva vigilancia y denuncia activa de cualquier forma de acoso moral, a veces inserto en procedimientos espurios paralelos al funcionamiento de la jerarquía académica.

Defensa del carácter público de la Universidad, que incluye el desarrollo de mecanismos propios por parte de la universidad para el control de cumplimiento y de calidad en la docencia y la investigación, el establecimiento de planes de formación y mejora cuando se considere oportuno...

En cualquier posible escenario futuro de cambio de las actuales condiciones de acceso y promoción del profesorado, tanto contratado como funcionario, se defenderán aquellos modelos que más afirmen el principio de autonomía universitaria.

Exigencia de que se agilicen las contrataciones de sustitución. Incluso podría existir una lista de posibles sustitutos por área/departameno desde el inicio de cada curso y renovable cada año.

Que se creen efectivamente guarderías universitarias, histórica reivindicación mal resuelta por los sistemas de ayudas individualizadas.

Que las ayudas, subvenciones y financiación de la investigación, tanto por parte de la Universidad como de la Comunidad Autónoma tengan entre sus objetivos prioritarios el apoyo a los investigadores en proceso de formación y a los nuevos investigadores, tanto como el mantenimiento de los investigadores y grupos ya consolidados. En todo caso, el establecimiento de líneas prioritarias de investigación nunca puede ir en perjuicio de la necesaria garantía de que todas las áreas de conocimiento puedan acceder de hecho a financiación para la investigación.


Candidatura:

Existe el acuerdo de presentar dos listas de 21 candidatos (nº. de puestos en la JPDI), una titular y otra suplente, simétricas según los lugares ocupados por Intersindical, UGT y el resto de miembros de la Asamblea y que, a ser posible, tenga la máxima diversidad en su composición, según centros y condiciones contractuales (esto último es más discutible porque todos los contratados laborales, actuales y futuros, tendrán su propio órgano de representación sindical).
Las candidaturas (titular y suplente) quedarían como sigue:

Titulares.

1. Vicente Hernández Pedrero (Filosofía)
2. .Ricardo Pérez Galdona (Biología)
3. IC
4. UGT
5. Laura Fernández-Pello (Geografía e Historia)
6. Felipe S. Alcover Brito (E.U. Arquitectura Técnica)
7. IC
8. IC
9. UGT.
10. Rafael Pestano (Filología)
11. Drago Díaz (Bellas Artes)
12. IC
13. IC.
14. Manuel Rodríguez Valido (Física)
15. Tersa Alonso (Medicina)
16. UGT
17. Manuel González (Psicología)
18. IC.
19. Fernando Páez Nava (Informática)
20. IC.
21. UGT

Lista suplente:
Son nombres seguros: Angela Sierra González (Filosofía), Lepoldo Cabrera Rodríguez (Ciencias Políticas y Sociología), Miguel Gómez (Derecho), Néstor Capuj (Física), Fernando Gabriel Martín (Geografía e Historia), Beatriz Triana (Psicología), Noemí Padrón (Económicas)...